A PROPOSITO DE LA ACTUAL COYUNTURA ELECTORAL, CONVOCATORIA A LA REFLEXION, AL DEBATE PUBLICO Y A LA PARTICIPACION CIUDADANA RESPONSABLE
Los 9 desafíos en la lucha contra la corrupción en Colombia1 De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional 2008, Colombia presenta una calificación de 3,8 (en una escala de 1 a 10, donde 10 es ausencia de corrupción y 0 mucha corrupción) muy por debajo de países de la región como Chile, Uruguay, Costa Rica, Cuba y El Salvador. Esta calificación se ha mantenido en niveles similares durante los últimos cinco años, reflejando un claro estancamiento. Así, la lucha contra la corrupción ha pasado a un segundo plano en un país cuya prioridad es vencer el conflicto armado. La corrupción no es percibida como el mal mayor y los colombianos no parecen percibir las conexiones y los efectos nefastos de este fenómeno sobre la efectividad y legitimidad de las instituciones, la equidad y la justicia social, el acceso a los derechos, la generación y distribución de riqueza, el fortalecimiento de la democracia, y sus propias vidas. La corrupción preocupa por los efectos que produce sobre la sociedad y la institucionalidad: las prácticas corruptas impiden lograr los objetivos deseados por el Estado y la sociedad; reducen y ponen en manos de unos pocos los recursos disponibles para fines colectivos; distorsionan el proceso de decisiones a favor de intereses particulares; contaminan el ambiente en el cual opera el sector privado; aumentan los costos de administración de bienes y servicios públicos y privados; debilitan el respeto por la autoridad y deterioran la legitimidad de las instituciones y la confianza ciudadana, entre otros efectos nefastos. Aunque se han logrado avances en la lucha contra la corrupción, el fenómeno se ha complejizado, dinamizado y extendido. Todo ello plantea desafíos importantes, algunos recurrentes, otros sobrevinientes de acuerdo con las características que ha adquirido recientemente el problema. Para las entidades convocantes a este Foro, éstos son los desafíos en materia de corrupción a los que se enfrenta el país: 1. Vencer el círculo perverso entre violencia, narcotráfico y delincuencia organizada como escenarios para corrupción. El narcotráfico y el fortalecimiento de los grupos armados ilegales como expresiones de la violencia han conducido al debilitamiento de la gobernabilidad y han movido la frontera de la ética en el país. En consecuencia, han generado un escenario propicio para el auge de la corrupción, y a la vez se ha convertido en un obstáculo para combatirla. Los fenómenos de violencia, narcotráfico y grupos armados ilegales, 1 Documento de Transparencia por Colombia y enriquecido con los aportes de la Misión de Observación Electoral y Foro Nacional por Colombia. con la intensidad que los vive Colombia, han presionado una mutación mucho más peligrosa de la corrupción: la captura y la reconfiguración cooptada del Estado. 2. Comprender y actuar con decisión y audacia para cerrar las puertas a la captura y la reconfiguración cooptada del Estado. Estudios recientes de Transparencia por Colombia dan cuenta de que la corrupción en el país ha evolucionado a formas más sofisticadas y complejas, con actores más diversos, organizados, y con frecuencia vinculados a redes delincuenciales con objetivos de largo plazo que buscan afectar aspectos neurálgicos del Estado en sus distintos niveles y poderes. El marco teórico elaborado por Transparencia por Colombia y un grupo de investigadores sobre Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado evidencia que los objetivos de los actores ilegales son estructurales y ambiciosos, y van más allá de lo económico para buscar la consolidación de poder político y territorial y la legitimación social2. Los hallazgos de una investigación reciente de Foro Nacional por Colombia sobre la forma como los actores armados ilegales han afectado la gestión municipal, que cubrió 18 municipios de diversas zonas del país, corroboran lo anterior. Según esta investigación: i) Además de las guerrillas y los paramilitares, actores tradicionales, deben sumarse los narcotraficantes, las bandas criminales, grupos desmovilizados rearmados y personas o clanes familiares. Aunque su capacidad de incidencia y las estrategias varían, muchos cuentan con una estructura de poder, capacidad económica, seguridad privada, influencia política y reconocimiento social, que les otorga poder en el territorio y un alto nivel de incidencia en las decisiones locales. ii) Los actores ilegales tienen presencia en zonas estratégicas, con predominio de explotaciones mineras y agropecuarias, megaproyectos y obras de infraestructura, las cuales por su atractivo para los actores ilegales pueden convertirse en focos de corrupción. iii) Se observa en los municipios y en las regiones de las cuales hacen parte un nuevo proceso de acumulación originaria de capital que implica no solo la captura de rentas públicas, sino la concentración de la propiedad de la tierra, en muchos casos producto de la expulsión violenta de pequeños propietarios, y la inserción en proyectos productivos de gran envergadura (algunos de ellos patrocinados por el Estado). iv) Hay un evidente interés en cooptar la institucionalidad política municipal e incidir en las elecciones, como puerta de ingreso para acceder a la gestión local. v) Se detectaron dos modalidades de incidencia en la gestión municipal, una externa, a través del amedrentamiento y la presión armada y otra interna consistente en “insertarse” en el aparato municipal para obtener beneficios económicos o políticos derivados de la gestión local. 2 Ver: La Captura y la Reconfiguración Cooptada del Estado en Colombia. Fundación Avina, Fundación Método y Transparencia por Colombia, 2008. Combatir este fenómeno creciente de Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado en todos sus niveles (nacional y local), que produce efectos corrosivos sobre la sociedad colombiana en sus distintos ámbitos, requiere comprender cómo y dónde se manifiesta y diseñar reformas y medidas más complejas, más profundas y más integrales que aquellas convencionalmente aplicadas a la lucha contra la corrupción. 3. Romper con la cultura del atajo y la ilegalidad. Algunos avances a favor de la transparencia y en contra de la corrupción conviven con una cierta tolerancia social de parte de los colombianos a la corrupción. Con frecuencia, los comportamientos no éticos (legales o ilegales) siguen siendo vistos como actos de audacia y astucia. La cultura del atajo, entendida como la obtención de resultados mediante la utilización de métodos ilegales o antiéticos sin considerar las consecuencias, tiende a prevalecer en distintos escenarios de la vida pública y privada de los colombianos. Por otro lado, una proporción importante de colombianos justifica la corrupción en función de los fines perseguidos; desconfían de las actuaciones de sus conciudadanos y justifican sus comportamientos no éticos (legales o ilegales) en el inadecuado comportamiento de la mayoría. 4. Ser más estrictos en el cumplimiento de la legislación existente. Colombia ha ratificado convenciones internacionales anti-corrupción y cuenta con un conjunto amplio y suficiente de lineamientos constitucionales, leyes y normas para avanzar en la lucha contra la corrupción. Si bien es necesario afinar la legislación existente en algunos aspectos, la tarea inaplazable consiste ser más estrictos en su cumplimiento, y cerrar la brecha que tradicionalmente caracteriza el país, entre la existencia de normas y leyes y su poca aplicación en la práctica. Es necesario aplicar mayores sanciones al incumplimiento e incentivos positivos al cumplimiento efectivo. 5. Estimular una sociedad civil vibrante y motivada por el cuidado a lo público. Los ciudadanos cada vez creen menos que es posible derrotar la corrupción. Esto genera un cierto desaliento de parte de los colombianos a exigir mayores compromisos y resultados de parte de los gobernantes y empresarios frente al combate a la corrupción. Por otro lado, los colombianos si bien tienen una alta percepción de que la corrupción es extensa, no la consideran como uno de los problemas prioritarios que afecta sus vidas de manera directa y contundente, probablemente debido a que no establecen vínculos causales entre la gran corrupción e incluso la amenaza de captura del Estado, y los daños causados a sus vidas en particular o a los bienes y servicios a los cuales accede cada ciudadano. Es necesario hacer esfuerzos orientado a crear conciencia colectiva sobre el impacto nefasto de la corrupción y rechazo social a este fenómeno. Asimismo, es esencial no ahorrar esfuerzos para incentivar la actuación de la sociedad civil organizada en torno al cuidado de lo público, en especial mediante los ejercicios de control social. 6. Los empresarios deben asumir un fuerte y claro liderazgo en la lucha contra la corrupción. El sector privado tiene el reto de asumir un papel protagónico en la búsqueda e implementación de soluciones individuales y colectivas. La condición básica de una empresa socialmente responsable es la conducción de sus negocios con principios éticos y de transparencia. Una forma concreta para que los empresarios asuman su corresponsabilidad en la lucha contra la corrupción es la puesta en marcha de programas de ética organizacional en sus empresas y la implementación de esquemas de autorregulación para prevenir el soborno en la gestión empresarial y en las relaciones con funcionarios públicos. El Estado, a su vez, debe impulsar medidas para incentivar a las empresas a adoptar y cumplir estándares y prácticas de transparencia e integridad y de prevención del soborno, especialmente entre aquellas empresas que contratan con él, así como limitar o evitar que estas últimas hagan contribuciones a las campañas electorales. Y los consumidores deben asumir una actitud responsable en sus prácticas de consumo, así como premiar las actuaciones éticas y responsables del empresariado3, y castigar las contrarias. Estas condiciones, impulsadas desde el entorno, pueden afectar de fondo la manera en que se relacionan y hacen negocios las empresas. Sin embargo, en los últimos años, la percepción de corrupción en el sector privado se ha incrementado tanto por parte de la ciudadanía como de los mismos empresarios. La Primera Encuesta Nacional sobre Prácticas contra el Soborno en las Empresas Colombianas, realizada en 2008 por Transparencia por Colombia y la Universidad Externado de Colombia, arrojó como resultado que el 91% de los empresarios perciben que hay colegas que ofrecen sobornos en el giro de sus negocios. Pero el soborno por parte de privados en sus relaciones de negocios no es el único desafío en esta materia. El empresariado debe asumir también su corresponsabilidad en la corrupción en la política. De acuerdo con una encuesta diseñada por Transparencia por Colombia y la Universidad de Estocolomo, y aplicado a más de 300 directivos de empresas de todo el país en agosto de 2009, los intereses particulares de los empresarios son la razón principal para adjudicar donaciones a campañas electorales (un 38.4% mencionó que prevalecen los vínculos familiares o de amistad para favorecer a cierto candidato). De igual forma, el 77,1% de las compañías sondeadas aseguraron no tener políticas institucionales sobre la financiación electoral, tan solo el 56% 3 De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2009 de Transparencia Internacional, el 59% de los consumidores colombianos encuestados estarían dispuestos a pagar más por un producto de una compañía libre de corrupción. de las empresas registran las contribuciones efectuadas, y sólo un 51.4% se cerciora de que el beneficiario registre debidamente la donación. Resultó altamente preocupante que un 15,8% de los empresarios encuestados afirmaron que con las donaciones buscan recibir apoyo o una compensación expresada en contratos, puestos, regulaciones favorables, entre otros. 7. Consolidar un sistema de pesos y contrapesos. Es necesario revertir en el país la tendencia de concentración de poder en el ejecutivo y alcanzar un mayor equilibrio e independencia entre los poderes, como condición indispensable para el adecuado funcionamiento de un sistema de integridad basado en pesos y contrapesos, en el que cada actor vigila y es vigilado. La lucha contra la corrupción en Colombia requiere que estos controles operen de forma efectiva y que la interacción entre los actores se ciña a reglas democráticas y transparentes. La concentración del poder y la existencia de modelos autoritarios de relación entre gobierno y ciudadanía favorecen la corrupción En particular es esencial elevar la eficacia de los Órganos de Control y la Justicia para investigar y sancionar los hechos de corrupción. La lucha contra la corrupción en Colombia requiere que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría actúen con eficacia, eficiencia y oportunidad en la prevención de riesgos de corrupción y en la investigación y sanción de los casos. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral debe actuar con celeridad e independencia en el ejercicio de su labor de vigilar la actuación responsable de las organizaciones políticas y la transparencia en la financiación de partidos políticos y campañas electorales. 8. Sellar las fisuras de la institucionalidad estatal, que expresan los escenarios de riesgo de corrupción en la gestión administrativa de las entidades del orden nacional, departamental y municipal. Si bien Colombia cuenta con una institucionalidad cada vez más sólida y transparente, ésta aún presenta fallas y debilidades en los terrenos de la visibilidad, el cumplimiento de las normas y la existencia de pesos y contrapesos, configuración que favorece la ocurrencia de hechos de corrupción. Lo anterior se refleja en las mediciones del Índice de Transparencia Nacional4 de Transparencia por Colombia, que para el periodo 2007-2008 midió 138 4 El Índice es una herramienta diseñada por Transparencia por Colombia para identificar las condiciones institucionales y prácticas de los actores gubernamentales, y a partir de ello definir el riesgo de corrupción a los que se enfrentan las entidades nacionales en desarrollo de sus procesos de gestión. Busca ser un instrumento que le permita a las entidades públicas evaluar sus características institucionales, la visibilidad que dan a sus actos y el nivel de sanción y autorregulación de dichas entidades, esto con el fin de contribuir con la prevención de la ocurrencia de hechos de corrupción. entidades públicas y cuyo promedio general fue de 69.5/100, señalando un deficiente nivel en la implementación de medidas que sirvan de barreras de contención a la corrupción administrativa. El 41% de las entidades evaluadas se ubicó en riesgo medio y 17% en riesgo alto y muy alto de corrupción. Sólo cuatro (4) de las 138 entidades públicas evaluadas se ubican en bajo riesgo de corrupción. Esto indica que las condiciones institucionales del 56% de las entidades públicas nacionales no brindan garantías para la transparencia y la lucha contra la corrupción. Vale la pena señalar que los dos riesgos de corrupción administrativa que presentan mayores alertas están relacionados con la selección meritocrática de servidores públicos y la contratación pública. Sobre éste último aspecto, El Índice de Transparencia Nacional hace especial énfasis en el reto que enfrenta la contratación pública: modalidades de excepción, mecanismos que no requieren publicidad ni pluralidad de oferentes, así como el hecho de que sólo el 62% de las entidades evaluadas publican en el Portal Único de Contratación, son algunas de las modalidades más frecuentes. Estas fisuras institucionales, si bien están presentes en todos los niveles del Estado, tienen sus expresiones más agudas en el nivel territorial. Los resultados de la medición correspondiente a la vigencia 2005 y 2006 del Índice de Transparencia Municipal de Transparencia por Colombia, señala que los municipios colombianos son las entidades estatales en mayor riesgo de corrupción. Así, mientras que en el 2005 las entidades nacionales obtienen un promedio de 75.77, en el mismo año los departamentos obtienen un promedio de 57.78/100 puntos y los municipios de 55.26/100 puntos. En el 2006 los gobiernos departamentales obtienen 59.64/100 y los municipios 57.98/100 puntos en promedio. A todas luces, las administraciones municipales evidencian un rezago en su desarrollo institucional que ha dado como resultado un desequilibrio en el proceso de la modernización del Estado, el cual explica en gran medida la incapacidad de la Nación para afrontar los retos del desarrollo, y que pone a los gobiernos locales en franca desventaja frente al accionar de los corruptos. Es urgente entonces equilibrar el desarrollo institucional del país, profundizar la descentralización tanto administrativa como política y posicionar en ella la lucha contra la corrupción como una de las primeras tareas para el logro de la autonomía local. 9. Recuperar la legitimidad y confianza en la institucionalidad democrática y en la política. La falta de transparencia y rendición de cuentas de los sistemas políticos en Colombia ha llevado a que el Congreso de la República, las asambleas departamentales, los concejos municipales y distritales y los partidos políticos no gocen de la confianza ciudadana y sean percibidos como los más proclives a la corrupción. Según el Barómetro Global de la Corrupción 2009 de Transparencia Internacional, el 41% de los ciudadanos colombianos considera que los partidos políticos son el primer sector en corrupción, seguido por el poder legislativo con el 26%. Así, Colombia reporta la segunda cifra más alta de percepción de corrupción en los partidos políticos entre ocho países de Latinoamérica, antecedida solo por El Salvador con un 53%. En las últimas cuatro mediciones, la opinión sobre los políticos y el congreso se mantiene como negativa. Estos órganos son escenarios institucionales por excelencia de la democracia local, y en esta medida su falta de legitimidad deslegitima la democracia misma. Es necesario impulsar en estos cuerpos mayor transparencia y rendición de cuentas, regulación del lobby y manejo adecuado del conflicto de intereses, implantación del voto nominal sin excepciones, cierre de las posibilidades a la filtración de intereses indebidos de grupos legales e ilegales en la formación de las leyes. Y por otro lado, hacer más transparente los ingresos y gastos de campañas electorales y partidos, y reformar el sistema electoral colombiano. Los partidos y movimientos políticos deben ser fortalecidos institucionalmente y deben abrirse a la inspección pública y asumir responsabilidad por las actuaciones de sus candidatos y representantes en cargos de elección popular, de manera que se restablezca la confianza ciudadana en el ejercicio ético de la política.
Los 9 desafíos en la lucha contra la corrupción en Colombia1 De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional 2008, Colombia presenta una calificación de 3,8 (en una escala de 1 a 10, donde 10 es ausencia de corrupción y 0 mucha corrupción) muy por debajo de países de la región como Chile, Uruguay, Costa Rica, Cuba y El Salvador. Esta calificación se ha mantenido en niveles similares durante los últimos cinco años, reflejando un claro estancamiento. Así, la lucha contra la corrupción ha pasado a un segundo plano en un país cuya prioridad es vencer el conflicto armado. La corrupción no es percibida como el mal mayor y los colombianos no parecen percibir las conexiones y los efectos nefastos de este fenómeno sobre la efectividad y legitimidad de las instituciones, la equidad y la justicia social, el acceso a los derechos, la generación y distribución de riqueza, el fortalecimiento de la democracia, y sus propias vidas. La corrupción preocupa por los efectos que produce sobre la sociedad y la institucionalidad: las prácticas corruptas impiden lograr los objetivos deseados por el Estado y la sociedad; reducen y ponen en manos de unos pocos los recursos disponibles para fines colectivos; distorsionan el proceso de decisiones a favor de intereses particulares; contaminan el ambiente en el cual opera el sector privado; aumentan los costos de administración de bienes y servicios públicos y privados; debilitan el respeto por la autoridad y deterioran la legitimidad de las instituciones y la confianza ciudadana, entre otros efectos nefastos. Aunque se han logrado avances en la lucha contra la corrupción, el fenómeno se ha complejizado, dinamizado y extendido. Todo ello plantea desafíos importantes, algunos recurrentes, otros sobrevinientes de acuerdo con las características que ha adquirido recientemente el problema. Para las entidades convocantes a este Foro, éstos son los desafíos en materia de corrupción a los que se enfrenta el país: 1. Vencer el círculo perverso entre violencia, narcotráfico y delincuencia organizada como escenarios para corrupción. El narcotráfico y el fortalecimiento de los grupos armados ilegales como expresiones de la violencia han conducido al debilitamiento de la gobernabilidad y han movido la frontera de la ética en el país. En consecuencia, han generado un escenario propicio para el auge de la corrupción, y a la vez se ha convertido en un obstáculo para combatirla. Los fenómenos de violencia, narcotráfico y grupos armados ilegales, 1 Documento de Transparencia por Colombia y enriquecido con los aportes de la Misión de Observación Electoral y Foro Nacional por Colombia. con la intensidad que los vive Colombia, han presionado una mutación mucho más peligrosa de la corrupción: la captura y la reconfiguración cooptada del Estado. 2. Comprender y actuar con decisión y audacia para cerrar las puertas a la captura y la reconfiguración cooptada del Estado. Estudios recientes de Transparencia por Colombia dan cuenta de que la corrupción en el país ha evolucionado a formas más sofisticadas y complejas, con actores más diversos, organizados, y con frecuencia vinculados a redes delincuenciales con objetivos de largo plazo que buscan afectar aspectos neurálgicos del Estado en sus distintos niveles y poderes. El marco teórico elaborado por Transparencia por Colombia y un grupo de investigadores sobre Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado evidencia que los objetivos de los actores ilegales son estructurales y ambiciosos, y van más allá de lo económico para buscar la consolidación de poder político y territorial y la legitimación social2. Los hallazgos de una investigación reciente de Foro Nacional por Colombia sobre la forma como los actores armados ilegales han afectado la gestión municipal, que cubrió 18 municipios de diversas zonas del país, corroboran lo anterior. Según esta investigación: i) Además de las guerrillas y los paramilitares, actores tradicionales, deben sumarse los narcotraficantes, las bandas criminales, grupos desmovilizados rearmados y personas o clanes familiares. Aunque su capacidad de incidencia y las estrategias varían, muchos cuentan con una estructura de poder, capacidad económica, seguridad privada, influencia política y reconocimiento social, que les otorga poder en el territorio y un alto nivel de incidencia en las decisiones locales. ii) Los actores ilegales tienen presencia en zonas estratégicas, con predominio de explotaciones mineras y agropecuarias, megaproyectos y obras de infraestructura, las cuales por su atractivo para los actores ilegales pueden convertirse en focos de corrupción. iii) Se observa en los municipios y en las regiones de las cuales hacen parte un nuevo proceso de acumulación originaria de capital que implica no solo la captura de rentas públicas, sino la concentración de la propiedad de la tierra, en muchos casos producto de la expulsión violenta de pequeños propietarios, y la inserción en proyectos productivos de gran envergadura (algunos de ellos patrocinados por el Estado). iv) Hay un evidente interés en cooptar la institucionalidad política municipal e incidir en las elecciones, como puerta de ingreso para acceder a la gestión local. v) Se detectaron dos modalidades de incidencia en la gestión municipal, una externa, a través del amedrentamiento y la presión armada y otra interna consistente en “insertarse” en el aparato municipal para obtener beneficios económicos o políticos derivados de la gestión local. 2 Ver: La Captura y la Reconfiguración Cooptada del Estado en Colombia. Fundación Avina, Fundación Método y Transparencia por Colombia, 2008. Combatir este fenómeno creciente de Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado en todos sus niveles (nacional y local), que produce efectos corrosivos sobre la sociedad colombiana en sus distintos ámbitos, requiere comprender cómo y dónde se manifiesta y diseñar reformas y medidas más complejas, más profundas y más integrales que aquellas convencionalmente aplicadas a la lucha contra la corrupción. 3. Romper con la cultura del atajo y la ilegalidad. Algunos avances a favor de la transparencia y en contra de la corrupción conviven con una cierta tolerancia social de parte de los colombianos a la corrupción. Con frecuencia, los comportamientos no éticos (legales o ilegales) siguen siendo vistos como actos de audacia y astucia. La cultura del atajo, entendida como la obtención de resultados mediante la utilización de métodos ilegales o antiéticos sin considerar las consecuencias, tiende a prevalecer en distintos escenarios de la vida pública y privada de los colombianos. Por otro lado, una proporción importante de colombianos justifica la corrupción en función de los fines perseguidos; desconfían de las actuaciones de sus conciudadanos y justifican sus comportamientos no éticos (legales o ilegales) en el inadecuado comportamiento de la mayoría. 4. Ser más estrictos en el cumplimiento de la legislación existente. Colombia ha ratificado convenciones internacionales anti-corrupción y cuenta con un conjunto amplio y suficiente de lineamientos constitucionales, leyes y normas para avanzar en la lucha contra la corrupción. Si bien es necesario afinar la legislación existente en algunos aspectos, la tarea inaplazable consiste ser más estrictos en su cumplimiento, y cerrar la brecha que tradicionalmente caracteriza el país, entre la existencia de normas y leyes y su poca aplicación en la práctica. Es necesario aplicar mayores sanciones al incumplimiento e incentivos positivos al cumplimiento efectivo. 5. Estimular una sociedad civil vibrante y motivada por el cuidado a lo público. Los ciudadanos cada vez creen menos que es posible derrotar la corrupción. Esto genera un cierto desaliento de parte de los colombianos a exigir mayores compromisos y resultados de parte de los gobernantes y empresarios frente al combate a la corrupción. Por otro lado, los colombianos si bien tienen una alta percepción de que la corrupción es extensa, no la consideran como uno de los problemas prioritarios que afecta sus vidas de manera directa y contundente, probablemente debido a que no establecen vínculos causales entre la gran corrupción e incluso la amenaza de captura del Estado, y los daños causados a sus vidas en particular o a los bienes y servicios a los cuales accede cada ciudadano. Es necesario hacer esfuerzos orientado a crear conciencia colectiva sobre el impacto nefasto de la corrupción y rechazo social a este fenómeno. Asimismo, es esencial no ahorrar esfuerzos para incentivar la actuación de la sociedad civil organizada en torno al cuidado de lo público, en especial mediante los ejercicios de control social. 6. Los empresarios deben asumir un fuerte y claro liderazgo en la lucha contra la corrupción. El sector privado tiene el reto de asumir un papel protagónico en la búsqueda e implementación de soluciones individuales y colectivas. La condición básica de una empresa socialmente responsable es la conducción de sus negocios con principios éticos y de transparencia. Una forma concreta para que los empresarios asuman su corresponsabilidad en la lucha contra la corrupción es la puesta en marcha de programas de ética organizacional en sus empresas y la implementación de esquemas de autorregulación para prevenir el soborno en la gestión empresarial y en las relaciones con funcionarios públicos. El Estado, a su vez, debe impulsar medidas para incentivar a las empresas a adoptar y cumplir estándares y prácticas de transparencia e integridad y de prevención del soborno, especialmente entre aquellas empresas que contratan con él, así como limitar o evitar que estas últimas hagan contribuciones a las campañas electorales. Y los consumidores deben asumir una actitud responsable en sus prácticas de consumo, así como premiar las actuaciones éticas y responsables del empresariado3, y castigar las contrarias. Estas condiciones, impulsadas desde el entorno, pueden afectar de fondo la manera en que se relacionan y hacen negocios las empresas. Sin embargo, en los últimos años, la percepción de corrupción en el sector privado se ha incrementado tanto por parte de la ciudadanía como de los mismos empresarios. La Primera Encuesta Nacional sobre Prácticas contra el Soborno en las Empresas Colombianas, realizada en 2008 por Transparencia por Colombia y la Universidad Externado de Colombia, arrojó como resultado que el 91% de los empresarios perciben que hay colegas que ofrecen sobornos en el giro de sus negocios. Pero el soborno por parte de privados en sus relaciones de negocios no es el único desafío en esta materia. El empresariado debe asumir también su corresponsabilidad en la corrupción en la política. De acuerdo con una encuesta diseñada por Transparencia por Colombia y la Universidad de Estocolomo, y aplicado a más de 300 directivos de empresas de todo el país en agosto de 2009, los intereses particulares de los empresarios son la razón principal para adjudicar donaciones a campañas electorales (un 38.4% mencionó que prevalecen los vínculos familiares o de amistad para favorecer a cierto candidato). De igual forma, el 77,1% de las compañías sondeadas aseguraron no tener políticas institucionales sobre la financiación electoral, tan solo el 56% 3 De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2009 de Transparencia Internacional, el 59% de los consumidores colombianos encuestados estarían dispuestos a pagar más por un producto de una compañía libre de corrupción. de las empresas registran las contribuciones efectuadas, y sólo un 51.4% se cerciora de que el beneficiario registre debidamente la donación. Resultó altamente preocupante que un 15,8% de los empresarios encuestados afirmaron que con las donaciones buscan recibir apoyo o una compensación expresada en contratos, puestos, regulaciones favorables, entre otros. 7. Consolidar un sistema de pesos y contrapesos. Es necesario revertir en el país la tendencia de concentración de poder en el ejecutivo y alcanzar un mayor equilibrio e independencia entre los poderes, como condición indispensable para el adecuado funcionamiento de un sistema de integridad basado en pesos y contrapesos, en el que cada actor vigila y es vigilado. La lucha contra la corrupción en Colombia requiere que estos controles operen de forma efectiva y que la interacción entre los actores se ciña a reglas democráticas y transparentes. La concentración del poder y la existencia de modelos autoritarios de relación entre gobierno y ciudadanía favorecen la corrupción En particular es esencial elevar la eficacia de los Órganos de Control y la Justicia para investigar y sancionar los hechos de corrupción. La lucha contra la corrupción en Colombia requiere que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría actúen con eficacia, eficiencia y oportunidad en la prevención de riesgos de corrupción y en la investigación y sanción de los casos. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral debe actuar con celeridad e independencia en el ejercicio de su labor de vigilar la actuación responsable de las organizaciones políticas y la transparencia en la financiación de partidos políticos y campañas electorales. 8. Sellar las fisuras de la institucionalidad estatal, que expresan los escenarios de riesgo de corrupción en la gestión administrativa de las entidades del orden nacional, departamental y municipal. Si bien Colombia cuenta con una institucionalidad cada vez más sólida y transparente, ésta aún presenta fallas y debilidades en los terrenos de la visibilidad, el cumplimiento de las normas y la existencia de pesos y contrapesos, configuración que favorece la ocurrencia de hechos de corrupción. Lo anterior se refleja en las mediciones del Índice de Transparencia Nacional4 de Transparencia por Colombia, que para el periodo 2007-2008 midió 138 4 El Índice es una herramienta diseñada por Transparencia por Colombia para identificar las condiciones institucionales y prácticas de los actores gubernamentales, y a partir de ello definir el riesgo de corrupción a los que se enfrentan las entidades nacionales en desarrollo de sus procesos de gestión. Busca ser un instrumento que le permita a las entidades públicas evaluar sus características institucionales, la visibilidad que dan a sus actos y el nivel de sanción y autorregulación de dichas entidades, esto con el fin de contribuir con la prevención de la ocurrencia de hechos de corrupción. entidades públicas y cuyo promedio general fue de 69.5/100, señalando un deficiente nivel en la implementación de medidas que sirvan de barreras de contención a la corrupción administrativa. El 41% de las entidades evaluadas se ubicó en riesgo medio y 17% en riesgo alto y muy alto de corrupción. Sólo cuatro (4) de las 138 entidades públicas evaluadas se ubican en bajo riesgo de corrupción. Esto indica que las condiciones institucionales del 56% de las entidades públicas nacionales no brindan garantías para la transparencia y la lucha contra la corrupción. Vale la pena señalar que los dos riesgos de corrupción administrativa que presentan mayores alertas están relacionados con la selección meritocrática de servidores públicos y la contratación pública. Sobre éste último aspecto, El Índice de Transparencia Nacional hace especial énfasis en el reto que enfrenta la contratación pública: modalidades de excepción, mecanismos que no requieren publicidad ni pluralidad de oferentes, así como el hecho de que sólo el 62% de las entidades evaluadas publican en el Portal Único de Contratación, son algunas de las modalidades más frecuentes. Estas fisuras institucionales, si bien están presentes en todos los niveles del Estado, tienen sus expresiones más agudas en el nivel territorial. Los resultados de la medición correspondiente a la vigencia 2005 y 2006 del Índice de Transparencia Municipal de Transparencia por Colombia, señala que los municipios colombianos son las entidades estatales en mayor riesgo de corrupción. Así, mientras que en el 2005 las entidades nacionales obtienen un promedio de 75.77, en el mismo año los departamentos obtienen un promedio de 57.78/100 puntos y los municipios de 55.26/100 puntos. En el 2006 los gobiernos departamentales obtienen 59.64/100 y los municipios 57.98/100 puntos en promedio. A todas luces, las administraciones municipales evidencian un rezago en su desarrollo institucional que ha dado como resultado un desequilibrio en el proceso de la modernización del Estado, el cual explica en gran medida la incapacidad de la Nación para afrontar los retos del desarrollo, y que pone a los gobiernos locales en franca desventaja frente al accionar de los corruptos. Es urgente entonces equilibrar el desarrollo institucional del país, profundizar la descentralización tanto administrativa como política y posicionar en ella la lucha contra la corrupción como una de las primeras tareas para el logro de la autonomía local. 9. Recuperar la legitimidad y confianza en la institucionalidad democrática y en la política. La falta de transparencia y rendición de cuentas de los sistemas políticos en Colombia ha llevado a que el Congreso de la República, las asambleas departamentales, los concejos municipales y distritales y los partidos políticos no gocen de la confianza ciudadana y sean percibidos como los más proclives a la corrupción. Según el Barómetro Global de la Corrupción 2009 de Transparencia Internacional, el 41% de los ciudadanos colombianos considera que los partidos políticos son el primer sector en corrupción, seguido por el poder legislativo con el 26%. Así, Colombia reporta la segunda cifra más alta de percepción de corrupción en los partidos políticos entre ocho países de Latinoamérica, antecedida solo por El Salvador con un 53%. En las últimas cuatro mediciones, la opinión sobre los políticos y el congreso se mantiene como negativa. Estos órganos son escenarios institucionales por excelencia de la democracia local, y en esta medida su falta de legitimidad deslegitima la democracia misma. Es necesario impulsar en estos cuerpos mayor transparencia y rendición de cuentas, regulación del lobby y manejo adecuado del conflicto de intereses, implantación del voto nominal sin excepciones, cierre de las posibilidades a la filtración de intereses indebidos de grupos legales e ilegales en la formación de las leyes. Y por otro lado, hacer más transparente los ingresos y gastos de campañas electorales y partidos, y reformar el sistema electoral colombiano. Los partidos y movimientos políticos deben ser fortalecidos institucionalmente y deben abrirse a la inspección pública y asumir responsabilidad por las actuaciones de sus candidatos y representantes en cargos de elección popular, de manera que se restablezca la confianza ciudadana en el ejercicio ético de la política.
